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Asunción, 19 de Noviembre de 2018

 
 
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22 de Abril de 2014

COMUNICADO ante gestión de conflictos dentro del Centro Educativo Itauguá y asesinato a dos adolescentes

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), expresa su preocupación por la gestión de conflictos al interior del “Centro Educativo Itauguá”, que derivó con el asesinato de dos adolescentes, y varios heridos, por lo cual: 

- NOS SOLIDARIZAMOS con las familias de los adolescentes que resultaron víctimas fatales (FDRI y NJDR, ambos de 16 años) y con los heridos, ante los hechos acontecidos el día de ayer en el “centro educativo” de Itauguá, y REPUDIAMOS estos hechos de violencia y especialmente la pérdida de vidas humanas.

- RECORDAMOS que el Ministerio de Justicia, en representación del Estado Paraguayo, es garante de los derechos de las personas privadas de libertad y tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los internos y para prevenir diligentemente situaciones de riesgo que, como en este caso, amenacen y violen gravemente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, caso contrario es responsable de cualquier vulneración de derechos que sufran las personas que están bajo su tutela y protección.

- OBSERVAMOS con mucha preocupación que la situación actual del Centro Educativo Itauguá, caracterizada por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y acceso a cuidados médicos y psicológicos, la falta de personal idóneo y capacitado, así como la ausencia de supervisión judicial y de proyectos específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de los internos, entre otras, constituyen factores determinantes en los hechos acontecidos ayer, y en otros que pudieran ocurrir a futuro.

- EXISTE desde el 2.004 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enfrenta el Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad, por lo que lamentamos nuevamente la pérdida de vidas paraguayas en instituciones del Estado. 

- REITERAMOS que la privación de libertad de adolescentes constituye una medida de último recurso que en caso de ser necesaria debe imponerse por el tiempo más breve que proceda. Además, debe estar encaminada de manera integral a permitir la resocialización del adolescente. En ese sentido, la posición especial de garante frente a adolescentes privados de libertad implica la adopción de medidas especiales para lograr tal finalidad y debe ser asumida por el Estado con particular cuidado y responsabilidad, tomando en consideración el principio del interés superior del niño.

- URGIMOS al Ministerio de Justicia que en cumplimiento de su deber de garantía, arbitre las medidas necesarias tendientes a prevenir con mayor intensidad situaciones de riesgo que pudieran conducir a la violación de derechos de adolescentes privados de libertad y que se encuentran bajo su protección.

- EXIGIMOS a los tres Poderes del Estado que los hechos acontecidos sean investigados con la debida diligencia y que los responsables sean sancionados, sin discriminación de que estos sean funcionarios administrativos o autoridades políticas, que por acción u omisión tuvieron responsabilidad en el lamentable acontecimiento ocurrido. Estas investigaciones deben estar orientadas, además, a la identificación de las causas de los hechos de violencia y la búsqueda de respuesta efectivas para evitar su repetición y buscar una solución de fondo al problema estructural que padece el Sistema Penal Juvenil en el Paraguay.

 

Consejo Directivo

CDIA

Contactos: 

Dirección Ejecutiva CDIA - Raquel Fernández (0981 481 960)

Consejo Directivo CDIA -  Soledad Cáceres  (0981 219 943)

 

Asunción, 22 de abril de 2014

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21 de Abril de 2014

El juicio del caso Curuguaty es un “circo montado para condenar a todos”, afirma abogada

Mirta Moragas, una de las abogadas defensoras de RRVO, rechaza que tribunal no especializado en temas de niñez y adolescencia juzgue a joven que en el momento de producirse la masacre de Curuguaty era menor de edad.

 

Moragas rechazó en primer lugar que el juicio de RRVO –acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad– se realice de manera paralela al juicio de los adultos y con la intervención del mismo tribunal. Esto luego de que el juicio de la joven, inicialmente programado para el 21 de abril, fuera pospuesto para el 26 de junio, el mismo día en que serán juzgados los adultos.

 

“No puede ser que el mismo tribunal juzgue a la vez a los adultos y adolescentes, primero a la mañana y luego a la tarde. Esto es un desconocimiento del derecho adolescente”, expresó. El tribunal está conformado por Benito Ramón González, Ramón Trinidad Zelaya y Carlos Alberto Martínez, ninguno de los cuales es competente en derecho de la niñez y la adolescencia.

 

El juicio es un “circo montado para condenar a todos”, denunció la defensora al mencionar que ninguno de los jueces pertenece al fuero de la adolescencia.  Añadió que esta es una de las tantas irregularidades, ya que no se aplicará el criterio de especialidad que corresponde a los adolescentes según el sistema garantista paraguayo.

 

Incidentes

 

La abogada también recordó que el pasado 10 de abril presentaron dos incidentes contra el proceso. Primero, el de la prejudicialidad, mediante el cual se plantea que el juicio no puede seguir mientras no se resuelva a quién pertenecen las tierras. Esto debido a que si las tierras son públicas quedan invalidados los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal.

 

Mediante el segundo incidente se pide la nulidad de todo el proceso, pues la adolescente nunca fue sometida a un test sicosocial que determine el grado de madurez en que se encontraba al momento en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen cuando contaba con 16 años de edad, un requisito para determinar la reprochabilidad en el derecho adolescente.

 

“El Estado no puede decir dos años después que la adolescente es culpable sin saber cómo se encontraba en ese momento. Sin el test sicosocial todo el proceso es nulo”, explicó.

 

Esta desidia procesal fue atribuida por Moragas a las defensoras públicas Rut Contrera e Inés Estigarribia, quienes dejaron en total estado de indefensión a la adolescente e incluso actuaron a modo de fiscalas acusadoras.

 

RRVO está acusada de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la acusa de haberse mostrado con su hijo en brazos para generar un ambiente de confianza y tomar desprevenidos a los policías con el fin de realizar una emboscada. Rachid sustenta su teoría en que al llegar al llamado “punto cero”, Rubén Villalba hizo un gesto a la joven para que se retirara una vez lista la celada.

 

Fuente: Ea Periódico de Interpretación y Análisis, Lunes 21 de abril del 2014 - http://ea.com.py/el-juicio-del-caso-curuguaty-es-un-circo-montado-para-condenar-a-todos-afirma-abogada/